Olvido, desmemoria o provocación

En todas las empresas existen supervisores, jefes y ejecutivos que, por su pretensión y avidez en lograr los “objetivos” que les imponen para alcanzar el “éxito” de los proyectos empresariales, se olvidan de la principal razón para la que fueron contratados, administrar recursos humanos. Es decir, alcanzar el mejor resultado laboral, sea individual o colectivo, de los trabajadores que tiene a su mando.

Y esta responsabilidad no sólo pasa por el control y supervisión que se debe realizar en el cumplimiento del trabajo, si no que también radica en defender y luchar por sus dirigidos, mas aun en lo que respecta a sus derechos, y si son salariales, con razón mayor.

Sucede que en el EDIFICIO LINCE, los trabajadores del área de……, que jefatura Johan Marroquín, en la dirección de Jesús Abad, no han podido cobrar la suma correspondiente por las horas trabajadas el 1ro. de Mayo, justamente el “Día Internacional de los Trabajadores”, porque algún mal funcionario, inexplicablemente, no reporto en forma oportuna, las horas laboradas por aquel día.

Como es lógico, los trabajadores esperaban que se les deposite en sus cuentas el pago respectivo al final del mes. Desgraciadamente no fue así creando un malestar innecesario que pudo ser evitado.

Pero nuestra mayor preocupación se localiza en nuestra sospecha de que existiría alguna consiga para que los reportes de las horas trabajadas se realicen con fechas posteriores, buscando mezquinamente un “ahorro” para la empresa, ya que cuando estos casos suceden la administración se demora en solucionarlos y los justos pagos proceden en fechas posteriores.

Es hora de enmendar errores y corregir los procesos lentos y torpes existentes, ya que las guardias son programadas y comunicadas oportunamente; por ello no se entiende cómo es posible que cosas tan sencillas no se puedan solucionar. No es momento de echarse la culpa entre funcionarios, si no mas bien, elaborar procedimientos sencillos que solucionen estos problemas de una vez.

¿ Quién o quiénes pagaron las interceptaciones telefónicas ?

Desde el 28 de Julio de 1990 al 17 de Noviembre de 2000, en el marco de aplicación del “Plan Emilio”, se utilizó indebidamente los recursos del Estado para espiar telefónicamente a los políticos de oposición y organizaciones que lucharon contra la dictadura fujimorista.

No olvidemos que en 1990 en una entrevista radial que se iba a realizar al entonces diputado por IU, Manuel Piqueras, vio interrumpida su línea telefónica e ingresó al aire un falso diputado dando declaraciones por él. Se nombró una comisión investigadora que, como siempre, fue bloqueada por los congresistas del régimen y no se llegó a ninguna conclusión clara.

Hoy el tema de la empresa Business Track BTR, descubierta por el espionaje empresarial y político a personas y entidades reconocidas en el país. Nuestra institución figura también entre las víctimas de este espionaje telefónico y de su correo electrónico, justamente en momentos que nos jugábamos con sendas huelgas generales nuestra permanencia en la empresa.

Y lo que se debe establecer claramente, es quién o quienes fueron las personas que pagaron estos ilegales servicios y que la ley recaiga con todo su peso. Pero también es necesario que respondan los delincuentes individuales o empresas que han contratado estos servicios que violan la Constitución y los derechos humanos.

En su última sesión de la ampliación de legislatura, el Pleno del Congreso aprobó el informe final de mayoría de la Comisión Investigadora de los hechos relacionados con la supuesta existencia de una red de interceptación telefónica. El grupo de trabajo, que presidió Oswaldo Luizar, estableció como principales responsables de estos presuntos actos delictivos a las empresas Bussines Track (BTR) y Andreck Services, las mismas que habrían actuado de manera organizada, planificada y sistematizada para obtener información clasificada a través de las interceptaciones telefónicas y electrónicas.

De igual manera manifestó que existía evidencias de que los equipos de interceptación telefónica del ex Servicio Nacional de Inteligencia se encontrarían en poder de dichas empresas denunciadas, las cuales habrían triangulado información. Además refieren que la Unidad de Inteligencia de la Marina conocía de las operaciones delictivas investigadas por el Congreso. Señalan, además, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Osiptel tienen responsabilidad política y administrativa ya que las interceptaciones son delitos permanentes, y advierte que las empresas de telefonía no están en la posibilidad de garantizar la inviolabilidad de las interceptaciones telefónicas ya que las actividades están tercerizadas.